A raíz del escándalo de Pandora papers, el término offshore y paraísos fiscales están una vez más en boca de todos, pero ¿qué son y para que se usa este tipo de empresas? ¿qué beneficios tienen y hasta donde es legal?
En este articulo te explicamos más a fondo la función de las empresas offshore y si es legal o no, así también como las propuestas para su regulación en México.
Empecemos por definir qué es una empresa offshore...
Aunque su traducción literal al español es 'Fuera de la costa', en términos legales se refiere a empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia de los beneficiarios. Estas empresas pueden encontrarse en el extranjero y realizar operaciones que no están reguladas en México debido a la falta de regulación fiscal o legal.
Para llevar a cabo estas operaciones, se utilizan los llamados vehículos corporativos. Estos se refieren al uso de una empresa legalmente constituida para crear una separación jurídica entre dicha entidad corporativa y sus miembros. Esto permite proteger de responsabilidad personal a aquellos que están a cargo de la empresa.
Algunos ejemplos de vehículos corporativos incluyen corporaciones, fideicomisos, fundaciones, sociedades de responsabilidad limitada, empresas ficticias o sociedades en reserva.
¿Dónde se establecen estas empresas?
Para comprender mejor las ventajas de una empresa offshore, es necesario definir los conceptos de paraísos fiscales y los regímenes fiscales preferentes.
Un paraíso fiscal es un país o región que tiene una tributación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 0% o mínima, lo que permite aprovechar el ahorro de impuestos que de otra manera se deberían pagar en otro territorio. Estos paraísos se caracterizan no solo por su baja o nula tributación, sino también por el anonimato que brindan a las empresas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) enumera los elementos que identifican a un paraíso fiscal, siendo los siguientes:
- Jurisdicciones con impuestos nulos o mínimos.
- Falta de intercambio de información financiera.
- Falta de transparencia.
- Ausencia de requisitos de actividades sustanciales (las empresas pueden no tener actividad real).
Por otro lado, un régimen fiscal preferente se refiere a cualquier beneficio fiscal en comparación con los principios generales de tributación de un país determinado, no en comparación con otros países o regiones. Algunos ejemplos incluyen la reducción del gravamen de impuesto, las condiciones preferenciales para el pago o reembolso de impuestos, o la exclusión de ciertos sujetos de la tasa.
Existen zonas en el mundo conocidas por estas características, también llamadas centros financieros offshore (OFC, por sus siglas en inglés). En estos lugares, los vehículos corporativos son utilizados por personas que no son residentes de ese país. Algunos de los más conocidos son Suiza, Bermudas, Islas Caimán, República de Mauricio, Dublín y Belice.
¿Por qué establecer una empresa offshore?
El uso de vehículos y estructuras corporativas offshore implica redes de operaciones bastante complejas, pero ¿vale la pena? A continuación, se presentan las tres razones principales por las que se establecen de esta manera:
- Prolongar el pago de impuestos: En México, por ejemplo, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se causa en territorio mexicano. Sin embargo, al llevar ese capital a un lugar no fiscalizado por México, el impuesto se va pagando gradualmente a medida que se repatria el dinero, lo que permite hacer rendir el capital.
Estos movimientos se ven incentivados por tasas altas, ya que en México el ISR es del 30% más un 10% sobre dividendos, lo cual es uno de los más altos en este impuesto. - Generar mayores utilidades: Las empresas que operan en paraísos fiscales pueden recibir asesoría para aprovechar beneficios fiscales como tasas de interés preferenciales y la falta de impuestos en dicha jurisdicción. Esto les permite garantizar una mayor rentabilidad, seguridad y discreción. Asimismo, buscan utilizar monedas más estables para evitar la volatilidad del cambio.
- Ocultar actos ilícitos: La investigación Pandora Papers, por ejemplo, tenía como objetivo descubrir posibles actos ilícitos en estos lugares. Esto puesto a que los paraísos fiscales también se utilizan para ocultar recursos de fuentes ilícitas. Incluso en casos de fuentes lícitas, se utilizan para fines ilícitos, como evadir las cargas fiscales de ciertos capitales.
¿Son ilegales las empresa offshore?
En las últimas décadas, la importancia de los paraísos fiscales ha aumentado debido a la globalización económico-financiera, que permite flujos comerciales y financieros transfronterizos. Sin embargo, la falta de regulación financiera, el secreto bancario y la ausencia de transparencia han facilitado el paso de flujos financieros ilícitos a través de estos territorios.
El Servicio de Administración Tributaria ha explicado que tener recursos en el extranjero no es necesariamente ilegal. Sin embargo, puede convertirse en un delito cuando las inversiones generan utilidad y no se declaran en México.
En casos en los que los recursos se trasladan al extranjero por motivos de seguridad o conveniencia, y se han pagado los impuestos correspondientes en México, no habría ningún delito que perseguir. Por otro lado, sería motivo de una investigación exhaustiva si una persona no ha pagado impuestos en el país y de repente posee grandes sumas de dinero en el extranjero.
Desafortunadamente, no solo los gobiernos se ven afectados por un uso indebido de los paraísos fiscales. Existen casos en los que asesores invitan a interesados a realizar inversiones en empresas o entidades financieras no reguladas en nuestro país, normalmente ofreciendo rendimientos extremadamente altos, lo que puede resultar en un fraude. Estos delincuentes saben que, al invertir dinero en una de estas empresas, no hay forma de que la autoridad pueda intervenir en caso de incumplimiento.
¿Qué propuestas se están planteando para regular estas prácticas?
A pesar de que los casos de corrupción y lavado de dinero a gran escala suelen tener un alcance internacional y estar involucrados en esquemas complejos, los investigadores y fiscales suelen tener un conocimiento limitado sobre los vehículos corporativos utilizados fuera de su propio país y carecen de recursos para obtener pruebas en otros países. Además, se enfrentan a dificultades debido a las diferencias en los sistemas jurídicos, terminología y definiciones arbitrarias.
Se estima que, como resultado de estas prácticas de evasión fiscal, la riqueza estacionada en los paraísos fiscales se sitúa en alrededor de 7.6 billones de dólares. Las pérdidas anuales de impuestos personales a nivel mundial alcanzan aproximadamente los 189,000 millones de dólares.
En el caso de las empresas multinacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estiman que la planificación tributaria agresiva por parte de estas empresas ha generado pérdidas tributarias a nivel global que oscilan entre los 100,000 y 240,000 millones de dólares anuales.
En respuesta a la necesidad de cooperación internacional para combatir estos delitos, México firmó el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente en 2014, el cual entró en vigor en 2017. Este acuerdo establece que México intercambiará de forma automática, anual y recíproca información financiera con más de 50 países y jurisdicciones territoriales, con el objetivo de adoptar el nuevo estándar global único para el intercambio de información de cuentas financieras, conocido como el Common Reporting Standard (CRS).
Gracias a este acuerdo, se permite el intercambio de información de cuentas financieras que los mexicanos y sus empresas tienen en más de 80 países, incluyendo algunos considerados como paraísos fiscales.
Por otro lado, a nivel de legislación nacional, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un listado de territorios para los cuales se debe presentar una declaración informativa, incluyendo paraísos fiscales y zonas con regímenes fiscales laxos. En total, se enumeran 92 países y regiones.
Además, el Senado de la República ha propuesto una iniciativa de ley que busca impedir que los servidores públicos utilicen los paraísos fiscales para llevar a cabo actos ilícitos. Esta iniciativa propone reformar el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece las directrices que deben seguir los servidores públicos. Se propone añadir el numeral XI, que indica lo siguiente:
“Abstenerse de poseer, directa o indirectamente, bienes o capitales de cualquier naturaleza en jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes considerados como paraísos fiscales. El incumplimiento de esta prohibición será sancionado en términos del artículo 78 de la presente Ley, sin perjuicio de la pena que en su caso procedan por la comisión de conductas constitutivas de delitos contempladas en la legislación penal y fiscal aplicable”
Para finalizar, es evidente la necesidad de contar con legislación adicional que prevenga fraudes y, al mismo tiempo, examine los abusos y excesos en materia de impuestos. Muchas personas, sin la intención de evadir impuestos, buscan maximizar el rendimiento de sus inversiones en lugar de destinar una parte considerable de sus ingresos al pago de impuestos gubernamentales.
Por lo tanto, es importante que se establezcan medidas que equilibren la necesidad de evitar el fraude fiscal y permitan a los contribuyentes optimizar sus inversiones de manera legal.
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